Cooperación Internacional: ¿Seguridad humana o pax mafiosa?
La crisis humanitaria y de seguridad humana que vive
hoy México le presenta a la administración de Enrique Peña Nieto no sólo
desafíos históricos, sino también oportunidades para recuperar su liderazgo
internacional.
Una empresa criminal es un grupo organizado de
personas que gestiona y realiza transacciones frecuentes de bienes y servicios
ilegales o bien legales pero a través de canales ilícitos. Sus estructuras
incluyen directorios ejecutivos que suelen estar integrados por políticos y
empresarios legalmente constituidos en los registros de la propiedad mercantil
de diversos países. Las empresas criminales transnacionales participan en el
intercambio de 23 tipos de bienes y servicios
La expansión de las empresas delictivas a todos los
países se gestiona con el fin de obtener insumos como las materias primas,
precursores o seres humanos de países pobres luego establecer capacidades de
producción y distribución para finalmente vender el producto o servicio y
colocar e integrar sus capitales de origen ilícito en los 20 países de mayor
poder adquisitivo, que concentran el 68% del lavado de dinero mundial.
La coordinación entre Estados
para reprimir a las empresas criminales y la convergencia entre organizaciones
de la sociedad civil y el Estado para prevenir la captura del tejido social por
las mismas, dejan aún mucho que desear. Con raras excepciones, las sociedades
civiles no cooperan operativamente más allá de conferencias lujosas o reportes
financiados por ricas organizaciones o Estados integrantes de la ocde. Los
Estados normalmente se limitan a reaccionar ante el crimen organizado y a
coordinar parcialmente sus actividades en el nivel regional
Un Estado débil por falta de controles, que genere
mayor represión sin brindar justicia ni desmantele el patrimonio criminal y
carezca de prevención social, sufrirá más violencia organizada y mayor
corrupción. Este es el caso de México durante los últimos 10 años.
Los Estados han homogeneizado sus
marcos legales muy lentamente al ratificar dos instrumentos de la onu: la
Convención contra la Delincuencia Organizada, conocida como la de Palermo, y
contra la Corrupción, también llamada de Mérida.
Sin embargo, a la hora de valorar la aplicación real
de los artículos de estas convenciones de la onu se observa que, realmente,
México solo lleva a la práctica un 43% de las cláusulas de coordinación
internacional de la Convención de Palermo y un 15% de las del capítulo de
coordinación internacional de la Convención de Mérida para combatir a la
corrupción política, tanto mexicana como extranjera.
En lo que se refiere a la aplicación real de medidas
de investigación, los mecanismos de coordinación internacional entre cuerpos
policiacos han avanzado gracias a la intermediación y la asistencia técnica de
la Interpol. La actual descoordinación internacional en áreas de inteligencia
operativa limita la capacidad de los Estados para identificar, incautar y
decomisar el tsunami de productos derivados de 22 tipos de delitos económicos
organizados, y por lo tanto para reducir los incentivos económicos de las
empresas criminales de diverso origen en cuatro continentes y con cabezas de
playa en México.
En este marco de cooperación
internacional limitado, Estados Unidos focaliza sus programas antilavado con
México en las drogas, dejando de lado los delitos trasnacionales mucho más
graves. A esta defectuosa coordinación entre Estados Unidos y México se le suma
el aún escaso intercambio de análisis de inteligencia basado en la desconfianza
de sucesivos gobiernos estadounidenses
No existe más clara muestra de los vacíos de
coordinación y sesgos de represión que la fallida Iniciativa Mérida. La
Iniciativa Mérida no funciona con base en el verdadero organigrama de las
mafias regionales. Ya no es posible separar el flujo patrimonial que el tráfico
de drogas le genera a un grupo y el dinero producto de los otros 21 tipos de
delitos organizados.
Los programas de cooperación entre México y Estados
Unidos propuestos hasta el momento no abordan los enormes vacíos regionales en
materia de prevención social de la delincuencia organizada, tampoco abordan la
hasta ahora fallida coordinación interinstitucional entre poderes judiciales y
fiscales a nivel internacional.
Este claro vacío de capacidades interinstitucionales
internacionales representa para México la oportunidad de enfrentarlo con un
replanteamiento mucho más abarcador y global de los programas de cooperación. Y
puede hacerlo profundizando operativamente los programas de cooperación con la
Unión Europea (ue) en lo relativo a la prevención social de la delincuencia
organizada. Por lo tanto, el modelo de seguridad estadounidense continúa
fallando, mientras que el europeo produce los mejores resultados en seguridad
humana.
Hay que recordar que la cooperación internacional es
una condición necesaria, pero está lejos de ser suficiente para que las
instituciones mexicanas demuestren que sí contienen a grupos criminales y lo
hagan mediante el único resultado que realmente cuenta: la reducción
consistente en las frecuencias de 22 tipos de delitos económicos organizados.
Al adoptar una política de
seguridad humana integral a través de una cooperación técnica global, y no
sesgada hacia Estados Unidos, la nueva administración federal mexicana le
permitirá al país recuperar su rol como líder en la armonización regional de
políticas judiciales, económicas, sociales y regulatorias
Seguridad
Humana: la transición hacia una democracia con Estado de Derecho
México es el segundo país del
planeta con mayor flujo de capitales del crimen.
Todo país que desee progresa de
manea sostenible, social y económicamente hablando, no puede estar
caracterizado por el saqueo caóticamente “pirañesco” de su elite político –
empresarial – sindical.
Se ha expuesto, que hasta la corrupción
política debe poseer una regulación de Estado y no se debe permitir que cualquier
interés legal o ilegal, por debajo de la mesa, pueda llegar a colocar su dinero
en el mercado de compraventa de políticos, tal como hoy sucede en México.
La corrupción política organizada
también causa daño social, aunque menor, ya que deslegitima al Estado. Lo
cierto es que la corrupción desorganizada y sin controles que viven hoy, invita
a empresas criminales de origen nacional y extranjero a establecer cabeza de
playa con franquicias para cometer actos predatorios de mayor daño social.
Desmantelar y prevenir a la
delincuencia organizada es siempre un trabajo de coordinación internacional
entre Estados y sociedades, el fortalecimiento de la seguridad nacional y
seguridad humana en México requiere primero fortalecer a su Estado con la mayor
de las urgencias.
México se encuentra dentro de u
ya largo “limbo” sin haber culminado todavía su transición política hacia una
democracia. Un síntoma de la alternancia en el poder sin esta transición lo ha
el hecho de que los supuestos representantes populares en México todavía no han
definido acuerdos políticos con el propósito de delinear e implementar en la práctica
aquellos controles judiciales, patrimoniales, y socialmente preventivos que
hagan reducir los comportamientos antisociales.
Una sociedad sin controles
regulatorios de sus comportamientos antisociales mas predatorios se transforma
tarde o temprano en un bazar criminal patrimonial internacional para cometer
delitos predatorios, como lo es hoy México. De esta manera, no se podrá aspirar
a un crecimiento económico sostenido y menos todavía a un sistema político estable.
Para que una transición hacia una
democracia se traduzca en instituciones de control con Estado de Derecho democráticamente
acordadas, los actores políticos deben contemplar que pagaran un alto costo
personal y/o político si no instruyen controles regulatorios a sus propios
comportamientos antisociales.
La prioridad del próximo Gobierno
Federal será la de instituir controles política y socialmente acordados. Esto incluirá
a las reformas judiciales, hasta hoy mal implementadas o aun no implementadas
por falta de acuerdos políticos. Por estos acuerdos tenían que ir mas allá de
la seguridad pública y concebir políticas públicas de seguridad humana que
incluyan además consensos sobre controles
patrimoniales, generando concesos sobre controles ambientales y controles de prevención
social educativos sanitarios – laborales – alimentarios, que previenen que
el tejido social de regiones enteras en México sea “capturado” por empresas
criminales que actúan hoy como paraestados.
Estos cuatro tipos de controles constituyen
las llamadas políticas de seguridad
humana, las cuales deben ser coordinadas a través de una policía legislativa
que sea implementada a través de gabinetes de seguridad humana a los tres
niveles.
Dos problemas de orden práctico
deben ser satisfactoriamente resueltos por las nuevas autoridades para
garantizar la sostenibilidad y puesta en practica de los controles antes
mencionados. El primer problema a resolver es acordar los mecanismos
institucionales legítimos a través de los cuales se establecerán estos
controles judiciales, patrimoniales, y socialmente preventivos para que no sean
boicoteados por uno u otro partido a la hora de su implementación.
El segundo problema sería acordar
los criterios de aplicación de estos controles judiciales y patrimoniales para
que operen sobre la misma elite político – empresarial – sindical mexicana.
Las mejores prácticas
internacionales de sostenibilidad democrática indican que controles judiciales,
patrimoniales y socialmente preventivos deberán ser delineados, aprobados y
monitoreados en su implementación técnica a través de comisiones especializadas
del Congreso de la Unión y de los congresos locales con todos los partidos
representados en ellas.
El segundo problema critico para
el establecimiento de medidas esenciales que logren afianzar la seguridad
humana y nacional será el de políticamente acordar y abordar los criterios de implementación
de estos controles judiciales y patrimoniales ya dichos. En este sentido, la
prioridad es siempre asignarle a todo recurso humano y material posible a la prevención
y castigo certero de los delitos económicos predatorios.
México no lograra salir de la
actual encrucijada de inseguridad humana y nacional hasta que su sistema político,
bajo mayor presión, democráticamente defina y realmente implemente los
controles referidos a través de poderes legislativos, con dientes, y a través de
una sociedad civil menos discursiva y más monitora.
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